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Pedro Castillo continuara recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo ubicado en Ate, luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazara el pedido que realizó el expresidente para que se ordene el fin del mandato de prisión preventiva en su contra y se le imponga vigilancia electrónica como parte del proceso penal por el caso del fallido golpe de Estado el 7 de diciembre del año 2022.
Es así como el tribunal supremo declaró “infundado” el recurso de apelación que presentó el exmandatario contra la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley el 28 de enero en la que rechazó la solicitud de Castillo para que en su caso se aplique la vigilancia electrónica, por presuntamente, haber surgido nuevos elementos de convicción que demuestran la no concurrencia de los delitos que le atribuye la Fiscalía en dicho caso.
Asimismo, la sala presidida por el juez supremo César San Martin desestimó este recurso interpuesto por la defensa legal del exjefe de Estado en el que demandaba que se revoque la resolución impugnada que declara infundada dicha solicitud de cese de prisión preventiva.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó 34 años de prisión para Pedro Castillo, al igual que su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.
