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La corrupción está matando al Perú. No es una frase exagerada; es la realidad cruda que se vive a diario en un país donde el saqueo de recursos públicos se ha convertido en norma. Cada sol robado por políticos corruptos, empresarios inescrupulosos y funcionarios cómplices es un golpe directo al futuro del país. No solo se trata de malversación de fondos, es un sistema podrido que perpetúa la pobreza, frena el crecimiento y destruye cualquier esperanza de progreso para millones de peruanos.
El impacto de la corrupción no solo se mide en las grandes cifras que pierden los presupuestos nacionales, sino en los hospitales que no se construyen, las escuelas que permanecen en ruinas y las familias que siguen atrapadas en la miseria.
La corrupción también tiene un efecto negativo en la inversión privada y la competitividad del país. Los empresarios ven en las prácticas corruptas una barrera para el desarrollo de sus actividades, ya que deben enfrentarse a sobornos y extorsiones para poder operar. Esto, a su vez, desincentiva la inversión extranjera directa, esencial para el crecimiento económico de Perú. El Foro Económico Mundial ha señalado que la corrupción es uno de los principales obstáculos para hacer negocios en el país, afectando directamente la confianza de los inversores.
Además, la ineficiencia en el uso de los recursos públicos provoca que proyectos de infraestructura y obras sociales queden paralizados o se ejecuten mal. Un ejemplo de ello es la construcción de hospitales y carreteras a medio terminar o de baja calidad, resultado de contratos asignados a empresas que pagaron sobornos en lugar de presentar propuestas técnicas adecuadas.
La corrupción también ha alimentado el crecimiento de la economía informal, que representa aproximadamente el 70% de la fuerza laboral en Perú. La falta de confianza en las instituciones públicas y el temor a la burocracia y las coimas han llevado a millones de peruanos a operar fuera del sistema formal. Esto crea un círculo vicioso: menos empresas formales significa menos impuestos recaudados, lo que a su vez reduce los recursos disponibles para combatir la corrupción y fortalecer el sistema institucional.
