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La iniciativa de la legisladora de Bloque Democrático Popular) propone la incorporación del artículo 289-A en el Código Penal, para establecer sanciones para quienes cometan dichos actos.
Se busca reprimir con una pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de seis años a quien, deliberadamente, instigue o induzca a otro a no cumplir con la vacunación obligatoria declarada por las autoridades.
Se aplicará también dicha pena a quienes promuevan la negativa a vacunar a menores o dependientes bajo su responsabilidad.
Se propone que la sanción sea no menor de cinco ni mayor de siete años de cárcel si el acto de instigación es realizado a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o cualquier plataforma digital.
Según el proyecto de ley la pena de cárcel será no menor de seis ni mayor de ocho años si el acto de instigación origina un brote de enfermedad que ponga en peligro la vida y la salud de un número significativo de personas.
La medida busca proteger a la ciudadanía frente a la reaparición en nuestro país de enfermedades como la poliomielitis y el sarampión, que pueden prevenirse mediante la vacunación oportuna.
