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El Grupo Parlamentario Renovación Popular presentó un proyecto de ley que busca endurecer las penas por delitos de extorsión y terrorismo urbano. La propuesta, liderada por la congresista Nohelia Herrera Medina, establece la cadena perpetua como sanción para quienes cometan estos crímenes contra personas, negocios y empresas, en un intento por frenar la creciente ola de violencia que azota al país.
El proyecto surge en un contexto donde los casos de extorsión han aumentado, especialmente en sectores vulnerables como el transporte y el pequeño comercio. A su vez, esto ha generado una profunda crisis de seguridad que sobrepasó la respuesta del Estado. La iniciativa de la bancada modifica el Código Penal para atacar de manera contundente a las organizaciones criminales que utilizan el miedo como herramientas de control social.
La propuesta de ley no solo se centra en el castigo, sino que también contempla medidas de prevención y apoyo a las víctimas. Entre estas medidas, se encuentra la creación de programas de protección, apoyo psicológico y líneas directas de atención a víctimas, así como la formación de equipos especiales dentro de la Policía Nacional del Perú para combatir este tipo de criminalidad. Estas medidas buscan reducir la impunidad y ofrecer apoyo a las personas afectadas.
Uno de los sectores más afectados por la extorsión es el del transporte urbano. Los trabajadores de este gremio acataron una paralización el último 26 de setiembre. Durante la manifestación, uno de los pedidos más reclamados era que se tipifique el delito de terrorismo urbano, ya que muchos conductores han sido asesinados por negarse a pagar “cupos” a las organizaciones criminales.
