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Con la finalidad de fortalecer la seguridad alimentaria en los programas sociales del Gobierno, el congresista Edgard Reymundo presentó un proyecto de ley que plantea la creación de un sistema de vigilancia para detectar y alertar cualquier evento que comprometa la entrega de alimentos a los beneficiarios.
Según lo expuesto en el documento legislativo, el sistema responsabilizará a los fabricantes, comercializadores y encargados de la distribución de comunicar sobre cualquier incidente que pueda afectar la calidad o la entrega de los productos. La propuesta establece que todos los actores involucrados deberán actuar de forma inmediata, emitiendo reportes y alertas el mismo día en que se detecte la situación de riesgo.
“El sistema de vigilancia permitirá una reacción rápida y oportuna ante cualquier amenaza que ponga en peligro la salud de los beneficiarios”, subrayó Reymundo, quien insistió en que este proyecto de ley busca fortalecer la transparencia y eficiencia en los programas sociales impulsados por el Estado.
El planteamiento contempla, además de la detección de irregularidades, la obligación de tomar acciones inmediatas para resolver los problemas. Así, el legislador apunta a garantizar no solo la entrega oportuna de los alimentos, sino también su calidad y salubridad, factores que considera esenciales para proteger la integridad de las poblaciones más vulnerables.
El proyecto de ley también propone que las oficinas o áreas responsables, dentro de cada programa social, trabajen de manera coordinada para emitir alertas tempranas y prevenir posibles daños a la salud de los usuarios finales. Con esta medida, el Gobierno contaría con una herramienta más eficiente para enfrentar eventuales contingencias y reforzar el compromiso con el bienestar ciudadano.
Finalmente, Reymundo enfatizó que “una acción inmediata puede salvar vidas”, y defendió la necesidad de establecer protocolos claros que aseguren la rápida intervención ante cualquier evento adverso. El Congreso evaluará en las próximas semanas la viabilidad de esta iniciativa que, de aprobarse, marcaría un avance importante en la supervisión de la asistencia social en el país.
