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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenó a los integrantes de la organización Los Cogoteros de Chiclayo con penas privativas de la libertad efectivas de 4 a 35 años por los delitos de organización criminal y contra el patrimonio.
En adelanto de fallo, el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque logró 20 años con 11 meses de pena privativa de la libertad para César José Altamirano Gonzales, cabecilla de la organización, por los delitos de organización criminal y receptación agravada.
Alex Armando Seclén Suclupe fue condenado a 35 años de pena privativa de la libertad por los delitos de organización criminal y robo agravado, en agravio de Antony Nicanor Muñoz Fernández y Marielli Bruno Honores. Además, deberá cancelar una reparación civil de 6,000 soles.
Mientras que Jhan Carlos Guillermo Castillo Mercedes y José Antonio Reque Torres deberán purgar 29 años de prisión por los delitos de organización criminal, robo y hurto agravados; Luis Miguel Alvarado Villegas y José Miguel Díaz Gonzales, 18 años con 4 meses por organización criminal y hurto agravado; Jorge Luis Loayza Guerrero, 15 años con 8 meses de pena privativa de la libertad efectiva por organización criminal y hurto agravado.
Además, Luis Miguel Porras Mercedes fue condenado a 14 años con 4 meses de prisión por los delitos de organización criminal y hurto agravado; Rohmer Emilio Yaipén Chu, Andrés C. Yesquén Luna, José Edgar Saavedra Yovera y César Iván Paredes Gonzales a 10 años con 4 meses de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de organización criminal.
La sentencia alcanza a Alexander Zeña Echeverre, quien deberá purgar prisión durante 8 años con 6 meses por receptación agravada; Alberto Jefferson Bonilla Sánchez por 6 años de prisión por tenencia ilegal de arma de fuego; los colaboradores eficaces Capitán 2018 y Chato III, 4 años por organización criminal; y Carlos Alberto Damián Sánchez, 4 años de prisión por receptación agravada.
Además, se fijó en 100,000 soles la reparación civil que deberán cancelar en forma solidaria todos los sentenciados.
