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El Gobierno promulgó la norma que restituye el financiamiento privado de personas jurídicas a los partidos políticos, modificando el esquema actual de financiamiento.
La medida, oficializada por la presidenta Dina Boluarte, busca regular los aportes privados y reforzar la supervisión del uso de los fondos públicos.
La medida busca regular los aportes de estas entidades y establecer disposiciones específicas para el uso del financiamiento público.
Dicha norma modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, específicamente los 29, 30 y 31, respecto al financiamiento público directo, financiamiento privado, y sobre las fuentes de financiamiento ilegal.
Respecto al financiamiento privado, precisa que las organizaciones políticas «pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada».
Ello, mediante las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito, no superen en un año calendario el equivalente a 200 unidades impositivas tributarias por aportante para cada organización política.
«En ningún caso un aportante puede aportar más de quinientas unidades impositivas tributarias (500 UIT) al año, sin importar el número de organizaciones políticas a las que aporte», refiere.
