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El Hospicio Ruiz Dávila, un edificio del siglo XIX ubicado en el centro de Lima y declarado patrimonio cultural de la Nación, está en riesgo de deterioro tras la ejecución de un contrato firmado por el Congreso, que lo emplea como una de sus sedes, según un informe difundido por Cuarto Poder este domingo. Protegido por ley desde 1972, cualquier intervención en su infraestructura requiere autorización del Ministerio de Cultura y procedimientos técnicos adecuados.
Entre 2010 y 2012, el Parlamento de entonces restauró el monumento mediante una rehabilitación que ganó premios por su belleza e historia. Sin embargo, una autorización emitida a finales del año pasado por la Mesa Directiva presidida por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) ha puesto en peligro ese legado.
Aunque el Legislativo ha afirmado que se utilizó material metálico de aluminio, los términos de referencia del contrato especifican el uso de acero galvanizado. El arquitecto Jorge Antonio Orrego, presidente de la Comisión de Defensa del Patrimonio Arquitectónico del Colegio de Arquitectos del Perú, cuestionó la obra. “Se ha atropellado a este monumento y a un trabajo premiado y reconocido. Se ha atropellado a todos nosotros”, dijo.
El congresista Héctor Valer (Somos Perú) denunció estos hechos ante la Fiscalía y el Ministerio de Cultura, ya que se trata de un “atentado contra el patrimonio cultural”. Durante los trabajos, que comenzaron en abril, la Municipalidad de Lima solicitó al Congreso desistir del proyecto, al citar las normas edilicias que debían cumplirse.
Sin embargo, el Congreso continuó con los trabajos, al ampararse en una ley que le otorga amplias facultades para intervenir en el patrimonio cultural sin restricciones significativas. La falta de transparencia en la adjudicación del contrato es alarmante, ya que no aparece en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), lo que impide conocer el costo real de los trabajos y detalles del proceso.
La empresa ganadora, además, no tiene un historial claro de contratos con el Estado, lo que añade más interrogantes sobre cómo se adjudicó el servicio. Según el informe, su domicilio legal en Villa El Salvador es un local sin ningún distintivo empresarial.
Un día después de emitido el reportaje, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció una investigación en la que colabora el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Lima. “Si está prohibida, corroboraremos. Ahí la cosa si es un poquito preocupante”, indicó en una rueda de prensa.
